El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente de Argentina, Javier Milei, presentó la semana pasada, entró en vigor este viernes en medio de protestas masivas y espontáneas en las calles y un alud de demandas judiciales que intentan frenar su aplicación.
La norma, que el mandatario dio a conocer el pasado 20 de diciembre y se titula ‘Bases para la reconstrucción de la economía argentina’, consta de 366 artículos que desregulan por completo la economía del país sudamericano.
En sus aspectos particulares, el llamado ‘megadecreto’ limita el derecho a huelga, precariza las condiciones laborales, reduce las indemnizaciones por despido y permite que los alquileres se pacten en dólares o cualquier otra moneda extranjera e incluso criptomonedas.
También avala que los servicios médicos privados aumenten los precios cuando y cuanto quieran. De hecho, al día siguiente de emitido el DNU, las empresas de medicina prepaga aumentaron en un 40 % la cuota mensual a sus afiliados.
Por otra parte, la iniciativa del presidente abre la puerta a la privatización de decenas de empresas estatales que abarcan desde servicios portuarios y de trenes hasta medios de comunicación y de desarrollo satelital.
Desde que se develó el contenido del DNU, políticos y especialistas jurídicos de todas las corrientes políticas lo consideraron inconstitucional ya que deroga de tajo más de 300 leyes, lo que, de acuerdo con sus acusaciones, implica que Milei pretende gobernar por decreto sin tomar en cuenta al Congreso, lo que violenta el equilibrio de poderes, acusación que el gobierno ya rechazó.
