La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó este 27 de octubre de “nazismo” las declaraciones de la comisaria para la protección de la lengua estatal de Ucrania, Yelena Ivanóvskaya, quien justificó la negativa del personal médico ucraniano a brindar asistencia a los ciudadanos rusohablantes.

“Pues esto es precisamente nazismo”, sentenció Zajárova.

Así comentó la vocera de la Cancillería rusa, en declaraciones a la agencia de noticias TASS, la postura de la funcionaria de Kiev, quien el pasado 22 de octubre avaló el rechazo de los médicos en Ucrania a atender en ruso a los pacientes que no dominen el ucraniano. Ivanóvskaya reveló que los propios sanitarios acuden a ella para manifestar que no están “dispuestos a prestar el servicio a un paciente rusohablante”.

Lejos de cuestionar esta práctica en los hospitales, la funcionaria respaldó a los sanitarios invocando el artículo 30 de la ley lingüística nacional. Dicha normativa, recordó Ivanóvskaya, establece que el trabajador “solo si lo desea personalmente puede prestar un servicio en otro idioma”, ya que los ciudadanos ucranianos no están obligados a conocer otra lengua aparte de la oficial. Asimismo, celebró este precepto como una norma “muy importante” gracias a la cual el sector de los servicios “se ha ucranizado notablemente”.

La controvertida ley que provoca “fricciones interétnicas”

Aunque una considerable parte de la población tenía el ruso como idioma materno o lo usaba en la vida cotidiana, en 2019 Kiev aprobó la ley “Sobre la garantía del funcionamiento de la lengua ucraniana como lengua estatal”. Pese a las fuertes críticas tanto dentro del país como en el ámbito internacional, la normativa impuso el ucraniano en casi toda la vida pública, privando ‘de facto’ a los rusohablantes de emplear su lengua materna en escuelas, tribunales y hospitales.

Entre las organizaciones internacionales que cuestionaron la ley se encuentra la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que en su Dictamen N.º 960/2019 advirtió que la norma no lograba un equilibrio para evitar que “el problema lingüístico se convierta en fuente de fricciones interétnicas en el país”.

Los expertos concluyeron que el “trato menos favorable reservado a la lengua rusa” carecía de justificación frente al principio de no discriminación y alertaron de que la aplicación de la ley “podrá traducirse en discriminaciones contra los miembros de las minorías“.