La Fiscalía y la Policía registraron hoy durante más de cinco horas la vivienda del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Piero Corvetto por las irregularidades que afectaron las elecciones generales peruanas.
La operación se realizó por sospechas de que Corvetto habría incurrido en los delitos de colusión agravada y omisión de funciones en la contratación de la empresa de logística Gálaga, que habría tenido que ver con fallas en el traslado de material documental e informático a algunos centros de votación en Lima.
Paralelamente, se realizaron allanamientos de los domicilios de otros funcionarios de la ONPE y ejecutivos de la empresa logística Gálaga, a cargo de la tarea de distribuir el material electoral e informático para los comicios del 12 de abril en Lima
El allanamiento, en busca de documentos, dispositivos informáticos y otras posibles pruebas, fue ordenado por el juez Manuel Chuyo, quien desestimó el pedido policial de detención de Corvetto, pese a la presión de fuerzas políticas y mediáticas que claman por el encarcelamiento.
Esas fuerzas cuestionan al funcionario desde que hace cinco años rechazó sus intentos de anular la elección del maestro rural Pedro Castillo, alegando un nunca probado fraude, lo cual repiten ahora contra la ONPE, lo que la mayoría de fuerzas políticas y analistas rechazan por considerar que en los comicios solo hubo irregularidades.
Pese a ello, el Ministerio Público investiga paralelamente si las deficiencias de los comicios respondieron a una conspiración destinada a afectar los resultados electorales, pesquisa en la cual el fiscal Raúl Martínez ordenó peritajes a los equipos informáticos empleados el 12 de abril por la ONPE.
Martínez dispuso que la ONPE le entregue los teléfonos móviles de cinco altos funcionarios del organismo, así como el acceso al contenido de los correos electrónicos de cada uno y el registro de visitas externas a otros dos ejecutivos, durante el año previo a los recientes comicios, entre otra información.
Además, el fiscal requirió el Plan Operativo Electoral (POE), que determinó la configuración de los equipos electrónicos empleados durante el sufragio, documentos sobre el envío de material a los 13 centros de votación que no pudieron funcionar.
De otro lado, la ONPE respondió a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que investiga a Piero Corvetto, que entre sus 16 mil funcionarios no hay ningún extranjero.
La información fue pedida por la JNJ debido a la afirmación del candidato del partido Renovación Popular, de derecha extrema, Rafael López Aliaga, de que había venezolanos supuestamente chavistas en el citado organismo.
Tomado de Prensa Latina
