Cinco empresarios del transporte colectivo detenidos el lunes, acusados de no sumarse a la medida de transporte gratis ordenada por el gobierno, deberán enfrentar una nueva acusación: peculado.

“Este día, a pesar de que ayer se realizó el pago por adelantado correspondiente a los siete días de transporte público gratuito, se registraron múltiples irregularidades por parte de algunos transportistas”, dijo a través de su cuenta de Facebook, el Presidente Nayib Bukele, donde dio a conocer el nuevo cargo por el que serán procesados los detenidos. 

Las cinco personas detenidas el lunes son Alejandro Arriaza, vicepresidente de una asociación de la ruta 202, Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños, Alex Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte, Abel Reina, y Nelson Moreno, también integrantes de la gremial.

La Policía informó que serían remitidos por incumplimiento de deberes, denegación de auxilio y extorsión.

“Además de los delitos señalados anteriormente, en esta ocasión se suma el delito de peculado (es decir, robo de fondos públicos), ya que recibieron dinero del Estado a cambio de brindar un servicio que, en muchos casos, no cumplieron”, agregó Bukele.

El mandatario señaló que este martes hubo irregularidades en el servicio de transporte de algunas unidades.

“Algunas unidades no realizaron sus recorridos; otras sí circularon, pero no permitieron que los usuarios abordaran, a pesar de ir vacías; y en varios casos, se cobró el pasaje, aun cuando el Gobierno ya había cubierto ese costo”, puntualizó.

Cabe señalar que el lunes por la tarde, Bukele informó que ya se había hecho depósito por $12 millones a los empresarios del transporte público para financiar el servicio gratis hasta el 11 de mayo.

Delitos son para funcionarios o servidores públicos

De acuerdo a un análisis jurídico, la imposición de la medida del servicio gratis del transporte colectivo por parte del Gobierno carece de legalidad y viola la constitución de la República, dado que el anuncio no fue acompañado por ningún Decreto Ejecutivo o acto administrativo que definiera los alcances de la medida, según declaró abogado Mauricio Maravilla.

“En ausencia de tal acto, los empresarios no están jurídicamente obligados a prestar un servicio gratuito”, expuso.

El profesional también considera una vulneración al debido proceso y a la independencia de funciones las capturas de seis empresarios de transporte.

En el caso de la ley de la compensación, las sanciones que establece son administrativas por incumplimiento del servicio, no penales. Por lo que cuestionó si la Policía actuó únicamente obedeciendo una orden presidencial girada en redes sociales.