Honduras sigue con atención el juicio en Nueva York contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado por tres delitos asociados al narcotráfico, y que se espera que comience el martes, dos años después de que fuera solicitado en extradición y capturado en su residencia en Tegucigalpa.

El inicio del juicio el martes, si no se aplaza como ya ha ocurrido en tres ocasiones, se ve con mucha expectación en Honduras y el exterior, por tratarse del primer exgobernante hondureño llevado a juicio en EE.UU, por narcotráfico.

Otro expresidente hondureño, Rafael Callejas (1990-1994), enfrentó un juicio en EE.UU, que trascendió en 2015, por un millonario escándalo de corrupción en la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA).

Con libertad condicionada y afectado por una leucemia, Callejas murió en EE.UU en abril de 2020.

Ambos exgobernantes fueron acusados por delitos asociados al narcotráfico y la corrupción, flagelos con hondas raíces en Honduras, país de diez millones de habitantes, de los que más del 60 % se encuentra en situación de pobreza.

Diversos sectores coinciden en que la pobreza obedece en gran medida a la corrupción y el narcotráfico.

El narcotráfico comenzó a asomarse en el país hace 50 años y fue creciendo sin que ninguna autoridad hiciera nada para evitarlo. Por el contrario, jueces, magistrados, policías, militares, empresarios, banqueros, alcaldes y diputados, entre otros, fueron salpicados de manera gradual.

En EE.UU, la Fiscalía invocaría la figura de “documentos clasificados” para impedir que trasciendan ciertos detalles de la relación entre su gobierno y Hernández, mientras en Honduras es previsible que el juicio califique ya como de “seguridad nacional” y se trate de reducir al máximo su impacto interno.