Incertidumbre en torno a activos rusos congelados: ¿Podría Occidente confiscarlos, y cuán legítimo es?

Funcionarios de la Administración del presidente saliente de EE.UU., Joe Biden, estarían realizando los últimos esfuerzos para convencer a sus aliados europeos de que respalden la transferencia de aproximadamente 300.000 millones de dólares en fondos rusos a un nuevo depósito, que solo se activaría en el marco de un acuerdo de paz en el conflicto ucraniano. 

Según fuentes cercanas al asunto, los asesores de Biden también han mantenido conversaciones con el equipo de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, quien parece apoyar en términos generales esta estrategia. 

Sin embargo, los líderes europeos permanecen escépticos con respecto a la idea de incautar los activos congelados, ya que empiezan a cuestionar la legalidad de la confiscación inmediata de los fondos rusos.

Mientras, desde Rusia calificaron de robo el hecho de que Washington transfiriera a Ucrania 1.000 millones de dólares de los 20.000 previstos, derivados de los activos rusos congelados, ya que, en su opinión, se trata de una actividad que “va en contra de todas las reglas y regulaciones”. 

Discrepancias entre Europa y EEUU

EE.UU. y la Unión Europea tienen puntos de vista completamente diferentes en cuanto a la posibilidad de confiscación de los activos rusos congelados. Mientras que Washington insiste en la confiscación total y la transferencia de fondos en la ayuda a Kiev, las naciones europeas opinan que solamente se pueden utilizar los intereses de la parte de ingresos, pero no los activos en sí. 

De este modo, la última medida del presidente Joe Biden debería ser incautar los activos de reserva rusos en manos de EE.UU. antes de que Trump asuma la presidencia el 20 de enero.

“Para motivar a Europa a valerse por sí misma en la era de Trump, el presidente Joe Biden debería sentar el precedente de la incautación soberana y confiscar los activos rusos estimados entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que se encuentran en la jurisdicción de EE.UU.”, explicó el investigador del Foreign Policy Research Institute Maximilian Hess junto a Carey K. Mott, investigador del Programa de la Universidad Yale sobre Estabilidad Financiera.

Si bien el Congreso concedió al presidente saliente esta autoridad en una ley de abril, conocida como Ley REPO, Biden se ha abstenido de utilizarla hasta que las potencias europeas sigan su ejemplo.

Además, los investigadores creen que Biden ha estado esperando una “voluntad política” unilateral para embargar los activos del Kremlin, pero las posibilidades de encontrarla en Europa parecen escasas.

“Europa se ha mostrado reticente, citando impactos negativos para el euro y preocupaciones sobre el papel financiero internacional de la Unión Europea”, afirman, ejemplificando que desde Arabia Saudita han advertido de vender sus tenencias de deuda europea si Europa requisa los activos congelados.