Panama Ports Company, S.A. (PPC), filial de la compañía hongkonesa CK Hutchinson, anunció el inicio de un proceso de arbitraje contra la compañía danesa Maersk por la “toma” de sus terminales portuarias en el país centroamericano y la ruptura de un contrato de largo plazo entre ambas partes.
“El arbitraje se basa en un contrato de largo plazo para facilitar un enfoque colaborativo de negocio mediante el uso exclusivo de las operaciones de las terminales portuarias de PPC en Panamá y acceso a un rango de instalaciones operativas e información de PPC”, dice la filial de CK Hutchinson en un comunicado.
De acuerdo con el denunciante, Maersk “socavó el contrato” y “se alineó con la República de Panamá en conexión con su campaña estatal contra PPC y un esquema para sustituirla mediante una toma que instaló nuevos operadores portuarios”.
Acciones y acusaciones
Esto se da a raíz de que el pasado 30 de enero, la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional la concesión en virtud de la cual la empresa china CK Hutchison, a través de su filial, operaba los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados a ambos extremos del canal de Panamá, en los océanos Pacífico y Atlántico, respectivamente.
Tras ello, el 23 de febrero, el Gobierno de Panamá ordenó la “ocupación temporal” y “por motivo de interés social urgente” de los puertos. Así, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) entregó la operación transitoria, por hasta 18 meses, del Balboa a APM Terminals, filial de Maersk, y la del Cristóbal a Terminal Investment Limited (TiL), brazo portuario de Mediterranean Shipping Company (MSC).
Según señala PPC en su reciente comunicado, ese mismo 23 de febrero fue expulsada de sus operaciones portuarias “mediante medidas ejecutivas extremas”. Acusó de tomarse las terminales y celebrar “un contrato de concesión preacordado” para el puerto de Balboa con un nuevo operador vinculado a Maersk que habría “utilizado instalaciones operativas e información de PPC”.
El arbitraje, dice el documento, tendrá lugar en Londres. La firma señala que este proceso es independiente de otras acciones legales emprendidas contra el Estado panameño, al que señala de haber tenido “conducta anti-contrato y anti-inversionista”.
Ya a principios de marzo, CK Hutchinson anunció que intensificó sus medidas legales contra el Estado panameño por la anulación de la concesión para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal y la acción posterior del Gobierno de José Raúl Mulino. La firma informó entonces que presentó un “suplemento” ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) “a su anterior notificación de controversia”.
