El desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe pasa por incrementar la inversión pública, según un informe divulgado este viernes y elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y otros tres organismos multilaterales.

“El sector público tiene un papel crucial que desempeñar, en particular invirtiendo en infraestructura pública estratégica y movilizando la inversión privada“, señala el documento, elaborado también por el banco regional de desarrollo (CAF), la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Con el título ‘Perspectivas Económicas de América Latina 2023: Invirtiendo para un desarrollo sostenible’, el extenso informe insta a los países a aumentar el nivel y la calidad de la inversión para acelerar la transición a una economía verde y digital y a un futuro “más sostenible e inclusivo”.

Y afirma que la región tiene uno de los niveles más bajos de inversión total del mundo, con solo un 20 % del PIB debido, entre otras cosas, debido a “a los bajos niveles de ahorro nacional”.

En 2019, por ejemplo, el 78 % de la inversión regional total llegó de manos privadas, concentrada en las grandes empresas.

“El sector público también puede movilizar la inversión privada, por ejemplo, actualizando los marcos regulatorios de inversión e implementando asociaciones público-privadas (APP) bien reguladas bajo marcos institucionales sólidos”, expone.

Un región con “activos únicos”

Los cuatro organismos multilaterales destacan el gran potencial para un desarrollo “más robusto y sostenible” de una región que cuenta con “activos únicos”, como muestra el hecho de que cada vez haya más inversión extranjera. 

Entre esos activos figuran una gran riqueza en recursos naturales, biodiversidad y energías verdes, una población joven y unas economías con muchas oportunidades, en sectores como la agroindustria, el turismo sostenible, las energías renovables y las manufacturas vinculadas a la salud.

Pese a ello, la región se ha estancado socioeconómicamente, con una pobreza del 29 %, una extrema pobreza del 11,2 % y crecientes desigualdades.

Según el texto, la inversión pública en infraestructura se encuentra en “niveles bajos” desde 2008 (un 1,6 % del PIB en 2021) y entre los principales sectores que la necesitarían figuran el de energías limpias, transporte sostenible, telecomunicaciones y agua.