La tensión política y social recrudeció en Argentina este miércoles ante los operativos policiales que lleva a cabo el gobierno de Javier Milei, en una jornada que pondrá a prueba por primera vez un protocolo represivo contra las protestas, que diversas organizaciones nacionales e internacionales califican de violatorio de los derechos humanos.
Cada 20 de diciembre, miles de personas salen a marchar al centro de Buenos Aires para recordar el estallido social de 2001, que terminó con el gobierno del fallecido expresidente Fernando de la Rúa y que se enmarcó en represiones policiales que dejaron un saldo de 39 muertos y cientos de heridos en todo el país. En esta ocasión sumarán reclamos contra el ajuste decretado por Milei.
Sin embargo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ya advirtió que no permitirá que los manifestantes cierren calles y, aunque sean miles, deberán marchar “en fila india”, por las aceras, y respetando los semáforos.
Por eso, las estaciones de trenes amanecieron colmadas de mensajes oficiales en los que las autoridades insisten en que las personas que salgan a protestar no recibirán más planes sociales, mensaje que las organizaciones sociales han calificado como extorsivo.
“El que corta no cobra”, es el lema que se repite en avisos que también convocan a denunciar en la línea telefónica 134 a líderes sociales que “obliguen” a ciudadanos a acudir a las marchas.
“Si va a ejercer su derecho a protestar, tome en cuenta que solo lo puede hacer en lugares habilitados. Recuerde que cortar una calle, una avenida o una ruta es un delito penado por ley“, señalan los anuncios que, además, son repetidos a través de altoparlantes.
Preocupación
El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró en conferencia de prensa que desde ayer y hasta las primeras horas de este miércoles, se recibieron 8.900 denuncias contra dirigentes que supuestamente “extorsionan” a la gente para que vaya a la marcha, bajo amenaza de sacarlos de las listas de planes sociales o negarles el paso a los comedores populares.
