El presidente venezolano, Nicolás Maduro, firmó este martes un decreto de emergencia que le permitirá asumir funciones extraordinarias durante dos meses –prorrogables por 60 días más–para defender la economía de agresiones externas.

Como argumento para la medida, alegó que “el mundo enfrenta una guerra comercial sin precedentes ocasionada por el Gobierno de los EEUU, en clara violación al sistema internacional y las normas de comercio, que genera un gran riesgo de recesión mundial, con el correspondiente desplome de la economía mundial”. 

Asimismo, se aludió a “crecientes acciones y amenazas económicas contra Venezuela“, razón por la cual el Ejecutivo debe “adoptar todas las medidas a su alcance para garantizar el desarrollo armónico de la economía nacional y proteger a la población y a todos los sectores productivos”.

Del mismo modo, se invocó la “afectación de la República” en un contexto de recesión económica global, agravada por la imposición de medidas coercitivas unilaterales, lo que requiere “la adopción de medidas urgentes y de carácter extraordinario”, “de gran magnitud e impacto sobre la economía nacional”, en interés de “resguardar los intereses económicos sociales, culturales y educativos del pueblo venezolano”. 

¿Qué contempla el decreto?

En cuanto al contenido del instrumento jurídico, Maduro precisó que la declaratoria del “estado de emergencia económica” abarca todo el territorio nacional, una condición que le permitirá “dictar todas las medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y el crecimiento económico”. 

La lista incluye: “regulaciones excepcionales y transitorias que resulten necesarias para restablecer los equilibrios económicos y proteger los derechos de la población”, la suspensión transitoria de tributos, la posibilidad de concentrar en el Tesoro nacional los fondos obtenidos a través de recaudaciones especiales y redireccionar los recursos, el establecimiento de mecanismos para “combatir la evasión fiscal” y la suspensión de excepciones tributarias. 

A ello se suma el establecimiento de cuotas obligatorias de compra de productos nacionales “para favorecer la sustitución de importaciones”, la adopción de medidas para estimular la inversiones nacionales e internacionales, la exportación de rubros no tradicionales para generar empleos, divisas e ingresos, y la autorización de contrataciones para garantizar el restablecimiento de “derechos fundamentales”.