El Gobierno de México rechazó oficialmente el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al calificarlo de «tendencioso y falto de rigor jurídico».

En un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, la administración federal subrayó que el documento omite los avances institucionales alcanzados en la materia desde 2018, y respondió así a la decisión del Comité de solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, remitir «urgentemente» la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General.

Las dependencias federales afirmaron que el informe «no toma en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México», las cuales demuestran que los argumentos del CDF «no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025».

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Asimismo, destacaron que el marco utilizado por el organismo internacional «no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia».

El Gobierno mexicano cuestionó que el reporte se enfoca principalmente en hechos ocurridos entre 2007 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018), y circunscribe su análisis a cuatro entidades federales: Coahuila, Nayarit, Jalisco y Veracruz.

Por ello, consideró que la decisión del Comité «es parcial y sesgada», además de no considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo por el Gobierno mexicano en base a información reciente. «Lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución», señalaron.