El ministro ecuatoriano de Defensa, Gian Carlo Lofredo, rechazó este 6 de enero la acusación contra las Fuerzas Armadas por la desaparición forzada de cuatro menores, capturados en la ciudad de Guayaquil (suroeste) el 8 de diciembre por una patrulla militar y posteriormente asesinados.

“Como ministro de Defensa nacional dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada”, afirmó Loffredo en su mensaje para ofrecer disculpas públicas a las familias y al país por el crimen de los cuatro niños.

Los hermanos Josué Didier Arroyo Bustos (14 años) e Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15 años) y sus amigos Steven Gerald Medina Lajones (11 años) y Nehemías Saúl Arboleda Portocarrero (15 años) fueron arrestados por 16 militares y llevados a más de 40 kilómetros de distancia, donde se les vio con vida por última vez.

El 24 de diciembre se reportó el hallazgo de cuatro cadáveres en la zona cercana a la base aérea de Taura, a donde pertenecían los militares investigados y el 31 de diciembre se confirmó la identidad de los cuerpos de los niños, quienes habían sido maniatados y calcinados.

Este hecho conmocionó al país y generó movilizaciones en varias ciudades del país donde los activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieron al Gobierno la búsqueda de los niños tras más de dos semanas de la denuncia de su desaparición.

En su alocución, flanqueado por militares, el ministro pidió confiar en la FFAA y dijo que “todo acto denunciado, en donde pudiera haber existido algún tipo de participación de algún agente estatal del orden, jamás quedará en la impunidad por acción u omisión del Gobierno nacional“.

Indicó que tras conocerse los hechos, las FFAA actuaron como correspondía, para garantizar la transparencia del proceso y recordó que actualmente los imputados están en prisión preventiva y podrán defender sus posturas.

Sin embargo, el ministro señaló que “llegarán hasta las últimas consecuencias” para que se sancione la actuación de la jueza Tanya Loor que emitió el fallo, al considerar que ello ha generado una persecución política.

Según dijo, la jueza Loor se pronunció a pesar de que no tenía capacidad ni facultad alguna para hacerlo.

“No voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las FFAA que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos”; aseveró.

En su discurso el ministro arremetió contra el “uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política” y añadió que “las FFAA no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno”.

Loffredo enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por presunto incumplimiento de sus funciones.