A pesar de sus numerosos descalabros, la oposición extremista venezolana continúa invirtiendo grandes sumas de dinero para generar caos y desestabilización en la patria de Bolívar y Chávez, con la intención de promover una intervención extranjera y provocar un cambio de Gobierno por vía no pacífica.

La víspera, el presidente Nicolás Maduro denunció en una alocución pública que el dinero que en estos momentos capitaliza la extrema derecha lo está dedicando a entrenar mercenarios en el exterior.

Al asegurar que su país es epicentro de una conspiración para derrocar a la Revolución Bolivariana, la cual es orquestada por la extrema derecha y la oligarquía colombiana, el jefe de Estado recordó que una cifra significativa de detenidos tras las acciones violentas del 29 y 30 de julio pasados fueron entrenados en Perú, Chile y Texas.

Subrayó que el intento en desarrollo de desintegrar social y políticamente a Venezuela también es articulado por el Gobierno de los EE.UU. y conocido por representantes de la oposición extremista como Edmundo Gonzáles y María Corina Machado, quienes en julio pasado difundieron arteramente que se había producido un fraude electoral, incitaron a sus seguidores a perpetrar actos violentos y luego huyeron de Venezuela.

Delincuentes y terroristas

No se trata de una acción nueva. Un reportaje publicado por el medio estadounidense Wired, el cual se apoyó en testimonios de exfuncionarios del gobierno de Donald Trump (2017-2021) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), señala que la Casa Blanca invirtió cuantiosas sumas de dinero para llevar a a cabo proyectos abiertamente delictivos y terroristas con el propósito de derrocar por vía violenta, durante 2019, al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

En ese entonces se montó un sistema de espionaje y piratería para interceptar o sabotear barcos tanqueros de petróleo y combustible de Venezuela e Irán, para cortar el flujo de combustibles a Cuba conspirar contra buques iraníes, que llevaban gasolina e insumos a las refinerías venezolanas, en ambos casos con propósitos desestabilizadores.

La CIA también perpetró acciones de sabotaje informático contra el Gobierno Bolivariano para obstaculizar los pagos de nóminas y a contratistas del Estado venezolano. En el ánimo de generar zozobra, malestar y desestabilización, Langley también preparó un ataque de pulso electromagnético contra la central hidroeléctrica del Guri (o Simón Bolívar) para dejar al país sin servicio eléctrico.

Mercenarios, paramilitares… y algo más

Para todos estos planes se contrataron mercenarios y paramilitares y numerosas organizaciones no gubernamentales, fundaciones y medios de comunicación que recibieron fondos de la CIA o de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), la cual actuó como su fachada para alentar un cambio violento de Gobierno.

De acuerdo con el reporte de Wired, la CIA «patrocinaba en secreto capacitaciones de liderazgo y brindó apoyo a grupos cívicos venezolanos».

Estas maniobras de la extrema derecha, concebidas para generar motivos para una intervención extranjera, han sido apoyadas desde una mediática internacional plagada a los intereses de la derecha global.

Lo ilustra lo ocurrido con el episodio conocido como la Batalla de los Puentes, el 23 de febrero de 2109, en la frontera colombo-venezolana. En aquel entonces, la maquinaria propagandística de la derecha trató de hacer creer al mundo que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro incendió los camiones con «ayuda humanitaria» que se enviaban desde la ciudad colombiana de Cúcuta hacia Venezuela.

Aunque numerosas evidencias mostraron que un opositor venezolano lanzó desde el lado colombiano un coctel molotov que incendió las gandolas, medios internacionales como El País (España) repitieron hasta la saciedad que lo había hecho Venezuela, narrativa que convenía a la intención de demonizar al Gobierno del presidente Maduro como una dictadura.

Semanas después, The New York Times «descubrió» lo mismo que en agosto de 2019 denunciaron medios públicos, alternativos y comunitarios respecto a que la oposición quemó los camiones. El País admitió su equivocación siete meses más tarde, aunque nunca emitió un editorial retractándose de sus juicios de valor respecto al Gobierno venezolano.

Tomado de teleSUR