Personal técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y autoridades del Gobierno de El Salvador han pactado un “acuerdo a nivel técnico” por 1.400 millones de dólares para poner en marcha el Servicio Ampliado del FMI (SAF) y respaldar “la agenda de reformas” que plantea la Administración del presidente Nayib Bukele.

A través de un comunicado, el personal técnico del FMI informó que el acuerdo, que aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del organismo, busca “reforzar la sostenibilidad fiscal y externa, mediante la aplicación de un plan de consolidación fiscal ambicioso y favorable al crecimiento, así como medidas para fortalecer las reservas”.

Estos esfuerzos también van dirigidos a “mejorar la gobernanza, la transparencia y la resiliencia”, que “serán esenciales para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento del país, en un contexto de fuertes mejoras de la seguridad”, reza la declaración emitida por Luis Cubeddu, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, y Raphael Espinoza, jefe de la Misión para El Salvador, tras mantener discusiones en San Salvador entre el 5 y el 14 de diciembre.

Según la declaración, el monto acordado del programa, que tendrá una duración de 40 meses, es equivalente a 1.033,9 millones de los llamados Derechos Especiales de Giro (DEGs) o 360 % de la cuota de El Salvador, y servirá “para atender las necesidades de balanza de pagos y respaldar las reformas económicas del Gobierno”.

Además, se espera que, junto con los 1.400 millones acordados, el programa pueda conseguir apoyo adicional del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Centro Americano de Integración Económica y del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, para totalizar “un paquete de financiación global combinado” superior a 3.500 millones de dólares.

El personal técnico debe preparar ahora un informe que, una vez aprobado, se presentará al Directorio Ejecutivo del FMI, que podría tomar una decisión sobre el tratado a principios de febrero de 2025, “una vez que se hayan implementado las acciones previas acordadas” con el gobierno de Bukele.

¿Qué pasará con el Bitcóin y los criptoactivos?
Uno de los puntos claves de este acuerdo está relacionado con el uso del Bitcóin como moneda digital reconocida y utilizada por el Estado. En particular, para el FMI es fundamental mitigar “los riesgos potenciales” relacionados a ese criptoactivo.

Por ejemplo, la aceptación del Bitcóin por el sector privado será voluntaria y la participación del Estado en actividades relacionadas con la criptomoneda será delimitada, medidas que se adaptan a las políticas del FMI y que se establecerán a través de “reformas legales”.

Por su parte, los impuestos se podrán pagar sólo en dólares y la participación del Gobierno en la billetera estatal cripto llamada ‘Chivo’ “se irá reduciendo gradualmente”. Además, para “salvaguardar la estabilidad e integridad financiera y la protección de los consumidores e inversionistas”, tendrá que mejorar “la transparencia, la regulación y la supervisión de la industria de activos digitales”.