El canciller de Alemania y el líder de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Friedrich Merz, presentó tiempo atrás numerosas demandas penales por difamación, reportó este domingo Welt, citando documentos exclusivos a los que tuvo acceso.

El medio tuvo acceso a denuncias penales, expedientes de investigación y cartas de abogados de Merz, que indican que desde 2021, cuando aún era líder de la oposición de la CDU/CSU, debió haber presentado cientos de querellas criminales por insultos.

La Oficina parlamentaria del canciller confirmó en gran medida los hechos, afirmando que el político “había iniciado un proceso penal por varios insultos dirigidos contra él en redes sociales durante la última legislatura”.

Las solicitudes presentadas por el político normalmente están firmadas por el abogado Alexander Brockmeier, quien cofundó la empresa So Done (‘Tan harto’), una agencia que busca en redes posibles ofensas de forma gratuita para sus clientes y luego presenta demandas civiles. El 50 % de ello lo recibe So Done y así financia su proyecto de rastreo de Internet, que pretende luchar contra el odio.

No obstante, desde Welt señalan que, en realidad, la compañía “actúa gratuitamente para las personas más poderosas del país, miembros del Gobierno y del Bundestag, en contra de la ira de la gente común”. Varios representantes de la alianza CDU/CSU informan que Merz había utilizado los servicios de So Done, pero que ahora ya no recurre a ellos.

Casi 5.000 denuncias y registros domiciliarios

De acuerdo con Welt, cuando Merz era diputado, presentó denuncias contra personas que, entre otras cosas, lo llamaron “pequeño nazi”, “imbécil” o “maldito borracho”.

Según documentos enumerados hasta la demanda número 4.999, en los casos de “pequeño nazi” y “maldito borracho” se llevaron a cabo registros domiciliarios en las viviendas de los acusados, mientras que el registro por este último insulto fue posteriormente declarado ilegal por un tribunal.

El abogado que representó al acusado del insulto “maldito borracho” explicó que, si bien cualquier persona es libre de presentar una querella penal, el problema es la reacción “absolutamente desproporcionada de la Justicia”, ya que si considera proporcionados los registros domiciliarios por injurias, en la práctica desaparece el principio de proporcionalidad y se impone una arbitrariedad incompatible con el Estado de derecho.