Ante miles de manifestantes y en medio de un fuerte despliegue policial, ha dado comienzo en la capital surcoreana la ejecución de la orden de detención contra el destituido presidente Yoon Suk-yeol, apartado del poder por su decisión de imponer la ley marcial el pasado 3 de diciembre, informa la agencia de noticias Yonhap.

Personal de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC) y agentes de la Policía están intentando entrar por la fuerza en la residencia presidencial en Seúl, mientras militares leales al expresidente y miembros de su servicio de seguridad les oponen resistencia por segunda vez para impedir que se ejecute la orden de detención.

El Servicio de Seguridad Presidencial había levantado una barricada con vehículos cerca de la entrada para obstruir el acceso de los investigadores.

Al mismo tiempo, un grupo de legisladores del gobernante Partido del Poder Popular y los abogados de Yoon también bloquearon la entrada a los funcionarios del OIC.

“Esto no es una aplicación justa de la ley“, comentó uno de los letrados, Yun Gap-geun, que calificó de “ilegal” el intento de los investigadores.

Mientras tanto, una multitud de partidarios del presidente destituido se congregó frente a la residencia. Sumaban unas 6.500 personas, según las estimaciones iniciales de la Policía, que desplegó a unos 3.000 efectivos en los accesos a la sede oficial.

Una persona se desmayó  durante el enfrentamiento registrado frente a la residencia y está siendo trasladado para que reciba ayuda médica, informa la agencia.

Se reporta que la Policía ha empezado a dispersar por la fuerza a los simpatizantes del presidente apartado frente a su residencia oficial.

Simultáneamente, la Policía “ejecutó órdenes conjuntas de arresto contra el subjefe de seguridad Kim Seong-hoon y el jefe del cuartel general de seguridad Lee Kwang-woo”, reportó a continuación Yonhap.

A finales de diciembre, el Tribunal del Distrito Oeste de Seúl, la capital del país, emitió  contra Yoon una orden de detención y de registro de sus oficinas, en el marco de la investigación por cargos de sublevación y abuso de poder.

El 7 de enero, el Tribunal concedió la prórroga de la orden de detención, a petición de la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios (OIC).

La solicitud fue presentada tras el fallido intento de arresto el 2 de enero, cuando el personal de la OIC se enfrentó a una resistencia de militares al ingresar en la residencia del expresidente para detenerlo y la posterior negativa policial a ejecutar la orden de forma independiente.