Venezuela rechaza politización y dobles raseros en el Consejo de DD.HH de la ONU

El Gobierno de Venezuela rechazó las tentativas de politizar y aplicar dobles estándares en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al evaluar la situación de los derechos humanos en ese país.

«Rechazamos la prevalencia de afirmaciones hostiles y sin fundamento en esta actualización oral, no verificadas ni contrastadas con el Estado. Y que sin duda serán esperados insumos para la narrativa sobre Venezuela expuesta por medios trasnacionales de comunicación, financiada por los países o grupos de países que agreden a Venezuela con las MCU (medidas coercitivas unilaterales)», dijo desde Ginebra el representante permanente de la nación suramericana ante el organismo, Alexander Yánez Deleuze.

Del mismo modo, ratificó el «rechazo a la politización y los dobles raseros» que, según el diplomático, estarían impulsando «sectores muy específicos» del Consejo contra Venezuela y otros países del Sur Global.

Yánez también avanzó comentarios sobre la reciente salida de Venezuela de los funcionarios de la oficina del Alto Comisionado Volker Türk, por  intromisión en asuntos internos del país, al tomar partido por personas sindicadas en varias tentativas de golpe de Estado y atentados magnicidas denunciados por Caracas.

«Es muy lamentable que el equipo de la Oficina en Venezuela se haya alejado de su mandato de imparcialidad, llevando a cabo acciones impropias, favoreciendo a grupos golpistas y terroristas, en contravención del acuerdo que la regulaba», sostuvo el funcionario, quien llamó a recordar que en ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado no se pronunció «en ningún momento sobre las denuncias» documentadas de las conspiraciones que presentara el Estado venezolano.

En adenda, consideró que «no se puede hablar de los derechos humanos en Venezuela sin abordar el terrible impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales«, acciones que en la última década le han supuesto al país pérdidas por el orden de los 232.000 millones de dólares y que han sido denunciadas por las autoridades nacionales ante la Corte Penal Internacional como delitos de lesa humanidad.