Un amplio conjunto de organizaciones de derechos humanos, ambientales y sociales, junto a destacados referentes del ámbito académico, científico y cultural, rechazó las declaraciones del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y de autoridades del Gobierno Nacional que atribuyeron sin pruebas a comunidades mapuches la responsabilidad por los incendios en El Hoyo y Epuyén, que afectaron 12.000 hectáreas de bosques nativos y causaron graves pérdidas materiales.
“Expresamos nuestro rechazo a las declaraciones del gobernador Ignacio Torres y de autoridades del Gobierno nacional, quienes atribuyeron de manera inmediata y sin pruebas la supuesta intencionalidad de los hechos a integrantes del pueblo mapuche”, señala un comunicado firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace Argentina, Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Asociación de Abogados Ambientalistas y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, entre otras entidades.
Según el texto, estas acusaciones forman parte de una estrategia política que utiliza el racismo como herramienta para desviar la atención de la ausencia de políticas públicas eficaces en prevención, manejo del fuego y protección de los territorios. “Instala un discurso racista que desvía la atención de la falta de políticas y de decisiones que favorecen la concentración, extranjerización de tierras y el avance del negocio inmobiliario sobre los bosques”, advierten.
El pronunciamiento subraya que la maniobra de señalar culpables sin evidencia impide discutir el abandono del Estado en materia de prevención y manejo del fuego, así como la precarización de brigadistas, la falta de políticas de restauración ambiental y la promoción del monocultivo de pinos. “No se discute la precarización de las y los brigadistas, la ausencia de políticas públicas de restauración ambiental en los territorios afectados, ni la promoción del monocultivo de pinos”, detalla el documento.
Además, las organizaciones remarcan que este tipo de señalamientos se repite frente a cada incendio de magnitud, sin que exista hasta el momento “ninguna condena judicial ni avances concretos en las investigaciones” que los respalden. “Este accionar vulnera principios básicos del Estado de Derecho y constituye una estrategia política para evadir responsabilidades”, agregan.
La nota también recoge firmas de Innocence Project Argentina, FARM, INCLO, ATE Capital, No a la Mina, el Instituto de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias, la Confederación Mapuche de Neuquén y Sumak, además de personalidades como Myriam Bregman, Manuel Garrido, Andrea Gamarnik, Alberto Kornblihtt y Dora Barrancos, entre otros.
En un contexto de emergencia climática, los firmantes exigen “investigaciones serias, responsabilidades institucionales claras y políticas integrales de prevención, combate del fuego y restauración”. “Acusar sin pruebas no apaga el fuego: solo encubre la inacción y profundiza la injusticia”, concluyen.
Paralelamente, comunidades mapuches del Puel Mapu («tierra del este» en mapudungún) denunciaron un “desalojo a punta de fuego” en la Patagonia argentina, acusando al Gobierno de Chubut de utilizar los incendios forestales como una herramienta de desplazamiento territorial y de criminalizar al pueblo mapuche mediante acusaciones infundadas.
Voceros de más de una decena de comunidades y organizaciones de derechos humanos señalan que estos señalamientos buscan ocultar la grave falta de previsión estatal y la ausencia de infraestructura Además, denuncian que el Gobierno provincial retiene 600 mil dólares destinados a programas de prevención de incendios y deslegitima la ayuda organizada por los vecinos.
Tomado de teleSUR
