La Cámara de Diputados de Argentina inició este jueves el debate sobre la polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno de ultraderecha de Javier Milei. Con un quórum ajustado de 130 legisladores, el oficialismo busca aprobar un texto que ya pasó por el Senado pero que deberá volver a la Cámara Alta debido a modificaciones de último minuto.
La sesión se desarrolla en un clima de alta tensión social, mientras una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) paraliza los principales centros urbanos del país, incluyendo el área metropolitana de Buenos Aires, en rechazo a lo que consideran un retroceso histórico en los derechos de la clase trabajadora.
Entre otros puntos, la iniciativa autoriza el fraccionamiento de vacaciones, extiende el periodo de prueba en sectores vulnerables como el trabajo rural y doméstico, y crea un polémico Fondo de Asistencia Laboral que reemplaza las indemnizaciones tradicionales. La precariedad se profundiza en el sector de plataformas digitales, donde los empleados son catalogados como independientes, perdiendo derechos fundamentales como el aguinaldo y las vacaciones pagas, mientras se propone la derogación de estatutos profesionales, incluyendo el del periodista.
En las afueras del Congreso, un masivo despliegue de fuerzas federales aplica el protocolo antipiquetes para contener a manifestantes y movimientos de izquierda, mientras el presidente Milei se encuentra en Washington participando en la Junta de Paz convocada por Donald Trump.
El debate legislativo coincide con una crisis industrial aguda, marcada por el cierre de la histórica fábrica de neumáticos Fate y el despido de sus 920 trabajadores, el mayor quiebre fabril bajo la actual gestión.
Esta jornada de lucha ratifica la resistencia del pueblo argentino frente a un modelo que prioriza el capital transnacional sobre el bienestar social, en una batalla política que regresará al Senado para su definición final. En ese sentido, Argentina también vive este jueves 19 de febrero una jornada de parálisis casi total debido al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a la reforma laboral de Javier Milei.
Según Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, el nivel de inactividad promedia el 98% a nivel nacional, calificando la legislación que se debate hoy en la Cámara de Diputados como una medida criminal que precariza la vida del pueblo sin generar empleo real. La adhesión es determinante en el sector industrial y en el transporte, con una paralización masiva de trenes, subtes y vuelos comerciales liderada por gremios como APA y APLA, dejando las terminales aéreas desiertas ante el rechazo a lo que el Gobierno intenta presentar falsamente como una modernización.
La medida de fuerza afecta servicios esenciales como la recolección de residuos, aduanas, controles sanitarios y la atención en organismos como ANSES y PAMI, donde solo se mantienen guardias mínimas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires y ciudades del interior como Rosario, Mendoza y Jujuy, la jornada se caracteriza por cortes de rutas y concentraciones en plazas principales bajo la consigna de no entregar la dignidad de la clase trabajadora.
Mientras los legisladores sesionan bajo presión social, diversos movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizan hacia el Congreso de la Nación, enfrentando un fuerte operativo de seguridad desplegado por el Ejecutivo para intentar frenar la expresión popular. Este paro nacional es el cuarto que enfrenta la gestión de Milei desde su asunción, consolidando un plan de lucha que denuncia la entrega de derechos conquistados ante las imposiciones neoliberales.
Los dirigentes gremiales enviaron un mensaje directo a los diputados, advirtiendo que la masividad del acatamiento debe funcionar como un condicionante político para rechazar un proyecto que ya fue aprobado en el Senado entre represiones policiales. La CGT y diversos sindicatos ratificaron que el pueblo argentino se mantendrá en las calles para impedir que se legalice la explotación y el despojo de la seguridad social, reafirmando que la soberanía nacional reside en la defensa de sus trabajadores.
Tomado de teleSUR
