Al menos 14 personas, entre ellas cuatro niños, fueron asesinadas este domingo 26 de abril tras un ataque perpetrado por hombres armados no identificados en el estado de Warrap, al norte de Sudán del Sur. La agresión ocurrió durante la madrugada en una aldea del condado de Tonj Este, donde los atacantes abrieron fuego contra residentes que dormían al aire libre.
El ministro de Información estatal, Deng Tong, confirmó que entre las víctimas se encontraban menores de edad, incluyendo un lactante y sus madres, quienes fueron sorprendidos por el asalto.
Hasta el momento, las fuerzas de seguridad no realizaron arrestos y los motivos del crimen permanecen bajo investigación. Este episodio de violencia generó una profunda preocupación entre la población civil de las zonas rurales, donde las tensiones intercomunitarias y la presencia de grupos armados irregulares continúan desafiando la estabilidad en la región.
Sudán del Sur enfrenta un escenario de persistente inseguridad que pone a prueba los acuerdos de paz alcanzados en 2018. El Gobierno estatal inició las labores de seguimiento para identificar a los responsables de esta masacre en Warrap.
La recurrencia de estos hechos violentos subraya la fragilidad de la convivencia en ciertas zonas del país, donde la protección de los sectores más vulnerables, especialmente mujeres y niños, constituye uno de los desafíos más urgentes para la consolidación de la paz y la justicia social.
En ese sentido, a principio de abril la organización internacional no gubernamental (ONG) Humanity & Inclusion advirtió que la crisis humanitaria en Sudán alcanzó niveles catastróficos para la población civil, afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.
A tres años del inicio de las hostilidades entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, el país enfrenta uno de los desplazamientos forzados de mayor crecimiento en el mundo. Actualmente, alrededor de 11,6 millones de personas abandonaron sus hogares y más de 33 millones dependen estrictamente de la asistencia humanitaria para sobrevivir.
El colapso de los servicios básicos y la persistente violencia agravaron la vulnerabilidad de los sectores marginados. La ONG estimó que aproximadamente 4,6 millones de personas, el 16 % de la población total, viven con alguna discapacidad, aunque la cifra podría ser superior en zonas de combate debido a traumas y lesiones físicas.
Este grupo enfrenta barreras extremas para huir de los ataques y suele quedar excluido de la ayuda internacional, quedando expuesto a mayores riesgos de abuso y discriminación en medio del caos social. Para finales de enero de 2026, se registró el retorno de más de tres millones de desplazados a regiones como Jartum, Nilo Azul y Gezira.
Sin embargo, la organización alertó sobre el peligro mortal que representan los restos explosivos de guerra y las minas antipersona en las zonas de retorno.
Esta contaminación por municiones sin detonar afecta viviendas, escuelas y hospitales, limitando el acceso a servicios esenciales y medios de subsistencia, lo que mantiene a la población civil en una situación de riesgo constante pese a la reducción de los enfrentamientos directos en ciertos sectores.
La administración de las labores de socorro se ve obstaculizada por estas amenazas, dificultando la recuperación de las comunidades más afectadas. El Gobierno y los organismos internacionales enfrentan el reto de desminar las rutas de tránsito y las antiguas líneas del frente para garantizar un retorno seguro.
La denuncia de la ONG subraya la urgencia de una respuesta coordinada que priorice a las personas con discapacidad y neutralice los peligros explosivos que comprometen el futuro de la nación africana.
Tomado de teleSUR
