La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) declaró inconstitucional la Ley 406, mediante la cual el Gobierno del presidente Laurentino Cortizo extendió por 20 años las operaciones de una trasnacional en una mina de cobre a cielo abierto, situada en una zona de bosques tropicales.
La presidenta de la CSJ, María Eugenia López, comunicó que la decisión fue unánime. “Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país”, detalló.
Y continuó: “Aprovechamos la oportunidad para mandar un mensaje de felicitación a los panameños con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia”.
Los panameños, congregados frente al CSJ, festejaron la decisión. “¡Viva Panamá!”, “¡Bravo!”, gritaron.
Rechazo masivo
Desde el pasado 20 de octubre, cuando se concretó la aprobación expedita en el Congreso del contrato entre el Estado y Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, miles de ciudadanos tomaron las calles para mostrar su rechazo.
Los detractores del contrato minero alegan que el extractivismo representa una amenaza para la biodiversidad del país centroamericano, al tiempo que constituye una práctica inscrita en modelos coloniales de expoliación, inconsistente con los intereses soberanos de la nación.
Así, aunque las protestas fueron convocadas inicialmente por grupos de ambientalistas y líderes indígenas, a ella se sumaron rápidamente estudiantes, maestros, dirigentes sociales y ciudadanos comunes.
Las autoridades argumentan que, si bien los ciudadanos tienen derecho a expresar pacíficamente su descontento, no están habilitados para cerrar caminos, destrozar bienes públicos o privados, enfrentar a la Policía o generar daños económicos.
Medios locales vienen informado de choques persistentes entre manifestantes y fuerzas del orden en un contexto de creciente represión y del aumento de la presión de grupos económicos.
El asesinato de dos personas en un piquete elevó el descontento a un nuevo nivel y puso más presión sobre la Administración de Cortizo, que ha intentado destrabar la situación proponiendo un referéndum —rechazado por el órgano electoral— y sancionando una ley que prohíbe otorgar nuevas concesiones, sin que ello se haya traducido en una reducción de las demandas antiminería.
Por su parte, Minera Panamá, que baraja reducir sus operaciones a causa de los constantes bloqueos en la zona del puerto internacional de Punta Rincón, ha solicitado a la CSJ que no declare inconstitucional la Ley 406, al considerar que no existen razones para soportar la demanda ciudadana y sí “presión política” para fallar en favor de los demandantes.
