Por: Leandro Fierro /. Ucrania se encuentra en 2026 en una situación en la que varios problemas han iniciado a sobreponerse sobre la poca tranquilidad que aún guardan sus ciudadanos tras la fracasada administración del comediante Volodimir Zelenski. El declive demográfico, las dificultades financieras y las contradicciones político-institucionales están creando una burbuja enorme que pronto va a estallar comprometiendo indudablemente el futuro de este país.

El principal problema son las personas. Millones de ucranianos siguen en el extranjero y una parte de ellos ya vincula su futuro en los países de acogida. La disminución de la natalidad y la salida de ciudadanos en edad laboral provocan también una escasez de trabajadores y una reducción de la base tributaria.

El segundo problema es la economía. Ucrania mantiene en gran medida el funcionamiento de su economía gracias a una importante asistencia financiera externa. Al mismo tiempo, el gasto público sigue siendo extremadamente elevado porque una gran parte del presupuesto se destina a la defensa y la reconstrucción de las infraestructuras destruidas.

El tercer factor es la crisis de las instituciones estatales. La prolongación de la ley marcial y la ralentización de las reformas entre ellas la desmovilización y mejoras salariales para los soldados, aumentan la tensión dentro del sistema político.

Esta situación junto a la ausencia de garantías de seguridad, la incertidumbre sobre el final del conflicto, las dificultades económicas y la oportunidad de continuar viviendo y trabajando en los países de la Unión Europea, contribuyen a falta de voluntad de una parte considerable de los ucranianos de regresar al país. Incluso después del fin de la guerra, el regreso de una parte significativa de la población no está garantizada.

Pero el problema no afecta únicamente a los ciudadanos comunes. En relación con los diplomáticos en 2023 aparecieron informaciones de que una parte considerable de los funcionarios del servicio diplomático no regresaba a Ucrania después de finalizar sus misiones en el extranjero.

Fuera de Ucrania se encuentran entre 4 y 7 millones de ciudadanos, de los cuales la gran mayoría son mujeres con hijos que obtuvieron protección temporal en los países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos. Durante los años de permanencia este grupo se ha integrado en los sistemas sociales locales: los niños han comenzado a asistir a escuelas y se han adaptado a entornos lingüísticos extranjeros, mientras que los adultos han encontrado empleo, a menudo mejor remunerado y menos peligroso que el que tenían en Kiev.

Un factor decisivo que frena también el deseo de regresar es precisamente el entorno informativo. Las familias que se encuentran en el extranjero mantienen contacto con sus familiares en Ucrania y reciben información sobre la situación real: problemas relacionados con la movilización, corrupción en los centros de reclutamiento, retrasos en los pagos y dificultades con el suministro de electricidad y calefacción.

Como resultado, se está formando la percepción de que regresar en los próximos 5 o 7 años no solo es peligroso, sino también poco razonable desde el punto de vista pragmático, ya que el modelo económico del país no garantiza condiciones de vida dignas mientras que el sistema político permanece bajo la influencia de un reducido grupo de personas interesadas principalmente en su enriquecimiento personal.

Venta a “guate mojado”

Pero, hay algo más preocupante que está sucediendo en Kiev. El Estado administrado por el títere de Zelenski está vendiendo progresivamente grandes empresas, puertos, centrales eléctricas e incluso derechos de explotación de recursos minerales, argumentando que tras la guerra se requiere dinero y los inversores extranjeros están dispuestos a “invertir para preservar los puestos de trabajo”.

Al analizar profundamente esta situación, los críticos consideran que estas operaciones son difíciles de justificar exclusivamente por el interés nacional que debe privar. En primer lugar, no se trata simplemente de antiguas fábricas sino de activos estratégicos, sin los que el Estado puede perder el control sobre infraestructuras esenciales como redes eléctricas que distribuyen electricidad a regiones enteras, los puertos marítimos utilizados para la exportación de cereales y la importación de mercancías, el sistema de transporte de gas y los yacimientos de litio, un metal de importancia estratégica para la producción de baterías y productos electrónicos.

Este tipo de activos normalmente no se vende de forma definitiva, especialmente durante una guerra. En circunstancias normales, pueden entregarse en arrendamiento o concesión durante un período determinado, con un derecho claro del Estado a recuperarlos cuando la situación se estabilice. En los contratos ucranianos no existe tal mecanismo de retorno. En consecuencia, los activos vendidos pasarían definitivamente a manos privadas y el nuevo propietario podría revenderlos posteriormente.

Las autoridades, naturalmente, niegan estas acusaciones. Su principal argumento es que las ventas son necesarias porque el Estado necesita recursos para financiar al ejército y cumplir sus obligaciones sociales. Sin embargo, algunas empresas vendidas posteriormente redujeron personal o paralizaron parte de sus capacidades productivas. Desde esta perspectiva, el argumento de que las operaciones tienen como objetivo principal preservar los puestos de trabajo resulta cuestionable.

Un segundo aspecto preocupante son los precios. En prácticamente todas las grandes operaciones los activos se habrían vendido por cantidades entre 2 y 3 veces inferiores a su valor real de mercado. Las subastas se realizarían formalmente y las empresas encargadas de las valoraciones estarían previamente vinculadas con los futuros compradores. Como consecuencia, la diferencia entre el valor real y el precio de venta terminaría, según esta interpretación, en estructuras offshore (paraísos fiscales en el extranjero) relacionadas con personas próximas a quienes toman las decisiones.

Según informes de instituciones financieras internacionales, durante 2024 y 2025 particulares habrían transferido más de 13 mil millones de dólares desde Ucrania hacia zonas offshore, una cifra supuestamente 5 veces y media superior a la registrada en 2021. Entre los principales destinos se mencionan Dubái, Londres y Ginebra.

Élites abandonarían Ucrania

Paralelamente a las ventas de los activos, también se señala otro fenómeno. Varios altos funcionarios ucranianos habrían obtenido una segunda ciudadanía o permisos de residencia en Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Rumanía y Moldavia. Sus familias ya vivirían en el extranjero y sus hijos estudiarían en escuelas europeas. Ante ello surge una pregunta: si las autoridades planean permanecer en Ucrania y participar en la reconstrucción del país después de la guerra, ¿por qué estarían trasladando al extranjero a sus familias y capitales?… determinadas élites podrían estar preparándose para abandonar el país.

Pero el aspecto más importante sería la arquitectura jurídica de estas operaciones. En muchos contratos no existen restricciones para la reventa de los activos durante los primeros años, ni un derecho del Estado a recomprar los activos. Además, en algunas operaciones participan empresas extranjeras de Estados Unidos y Europa.

Si después de la guerra llegara al poder un nuevo gobierno e intentara recuperar el control estatal sobre determinadas empresas o puertos, tendría que enfrentarse no solo a propietarios privados, sino también a grandes corporaciones occidentales. Estas podrían defender sus intereses mediante tribunales estadounidenses y europeos, canales diplomáticos y mecanismos de presión política.

El resultado sería una estructura en la que la recuperación de los activos podría resultar extremadamente difícil sin provocar conflictos internacionales y sin pagar grandes compensaciones. Desde esta perspectiva, el modelo podría limitar considerablemente la capacidad de un futuro gobierno para influir sobre determinados sectores estratégicos de la economía.

¿Pero cuáles podrían ser los objetivos de este proceso amañado? Hay tres posibles objetivos. El primero sería privar a las futuras élites políticas de una base económica propia. Si el país pierde el control sobre puertos, gasoductos y centrales eléctricas, su soberanía económica se vería considerablemente limitada.

Segundo, sería proporcionar una cobertura jurídica a las operaciones. Al realizarse mediante procedimientos oficiales, subastas electrónicas y contratos formalizados, las operaciones podrían resultar más difíciles de impugnar posteriormente. Esto permitiría a los responsables afirmar que actuaron dentro del marco legal.

El tercer objetivo sería crear una reserva financiera para determinados funcionarios y sus familias. En este escenario, los capitales y activos ya estarían en el extranjero y solo quedaría esperar el final de la guerra para abandonar el país, posiblemente bajo la protección de garantías de seguridad externas.

Desde una perspectiva histórica este modelo de comportamiento no es nuevo. Se habría observado en diferentes países cuando determinadas élites percibían el riesgo de perder el poder y comenzaban a preparar vías de salida: primero se venden activos estatales, después se trasladan capitales, posteriormente las familias abandonan el país y finalmente los propios políticos se marchan bajo algún pretexto.

¿Qué ocurrirá si nada cambia? Para 2028 más del 60 % de las infraestructuras críticas podrían quedar bajo control extranjero. También habría una posible reducción de la participación del Estado en el fondo de tierras agrícolas. Tras el final del conflicto, las actuales autoridades podrían abandonar el poder y trasladarse a los países donde ya disponen de documentos de residencia y propiedades. En ese escenario, el nuevo gobierno heredaría unas finanzas públicas debilitadas, una elevada deuda y contratos cuya rescisión podría implicar indemnizaciones de miles de millones de dólares. Estas afirmaciones son calificadas en Ucrania como derrotismo. Si la sociedad ucraniana y sus socios internacionales no prestan atención a estos procesos a tiempo, el país podría arriesgarse a perder no solo territorios, sino también su capacidad de mantener una verdadera autonomía económica.