El Gobierno del presidente Rodrigo Chaves contribuyó al debilitamiento de la política de seguridad, a la reducción de recursos de los cuerpos policiales y al fortalecimiento de estructuras criminales en el país, ante su inacción, durante los últimos cuatro años.

Así lo concluye un informe aprobado en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, tras meses de investigación a raíz de una recomendación del Plenario.

En esta comisión se abordaron temas como la crisis de seguridad, el traslado de la Academia de Guardacostas de Bahía Drake, en la Zona Sur, a Pococí; los supuestos seguimientos de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) a diputados y sus familiares; la aparente intransigencia de la DIS previo al asesinato del exmilitar nicaraguense Roberto Samcam, y el caso del exmagistrado y hoy extraditado Celso Gamboa, entre otros.

Expertos señalaron problemática de seguridad

Durante una audiencia, en setiembre de 2025, el expresidente Luis Guillermo Solís aseguró que era de conocimiento que el traslado de la Academia de Guardacostas a Pococí “iba a traer consecuencias” negativas en el tráfico de droga.

Incluso, los legisladores de oposición fustigaron declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien su conferencia de prensa semana el 20 de agosto de 2025, aseguró que la crisis de homicidos “no es tan grave como la quieren poner”.

El informe fue aprobado este lunes con cuatro votos a favor, dos en contra, mientras La oficialista Pilar Cisneros no estuvo presente durante la votación.

Hallazgos del informe

De acuerdo con el informe, durante la Administración Chaves Robles, la política de seguridad pública ha experimentado un debilitamiento sustantivo, reflejado en la toma de decisiones, la asignación de recursos y la conducción estratégica del Estado.

El informe concluye que decisiones administrativas carecieron de sustento técnico y, en varios casos, se apartaron de criterios especializados, afectando áreas críticas como vigilancia marítima, control fronterizo, formación policial y gestión penitenciaria. Esto redujo la capacidad de respuesta del Estado frente al crimen organizado.

El documento también advierte una reducción sostenida de recursos en sectores estratégicos como la Policía de Control de Drogas, Guardacostas, Migración y el ICD, lo que profundiza el debilitamiento institucional.

Además, se identifican omisiones, fallas de gestión y debilidades en la coordinación interinstitucional, lo que habría favorecido el fortalecimiento de estructuras criminales, evidenciado en el aumento de la violencia, la expansión del narcotráfico y la caída en decomisos de droga.

Se señala que, la ausencia de una política de seguridad de Estado articulada y la falta de liderazgo estratégico, lo que ha limitado respuestas integrales. A esto se suma un contexto discursivo que dificulta acuerdos y coordinación.

El informe también menciona indicios de posibles vínculos o acercamientos entre funcionarios del Ejecutivo y personas investigadas por narcotráfico, lo cual representa un riesgo para la institucionalidad.

En materia penitenciaria, se advierte que el régimen de alta contención podría vulnerar derechos fundamentales y exponer al Estado a responsabilidades internacionales.

Además, se confirma el uso de áreas protegidas como rutas del narcotráfico, lo que evidencia la dimensión ambiental del fenómeno.

En conjunto, el informe concluye que Costa Rica enfrenta una de las crisis de seguridad más complejas de las últimas décadas, con creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales.

A partir de estos hallazgos, la subcomisión legislativa recomienda los siguientes aspectos:

• Remitir el informe a la Procuraduría de la Ética, Contraloría, Ministerio Público y Defensoría para que valoren eventuales responsabilidades.
• Determinar posibles responsabilidades políticas, administrativas y penales de jerarcas del Poder Ejecutivo.
• Priorizar recursos y fortalecer cuerpos policiales e inteligencia (PCD, DIS, ICD, Migración, Guardacostas).
• Evaluar una reforma constitucional para garantizar financiamiento mínimo en seguridad.
• Reactivar el Consejo Nacional de Seguridad como órgano estratégico.
• Revisar el régimen de alta contención para garantizar respeto a derechos humanos.
• Impulsar reformas legales en materia de crimen organizado, drogas, migración y control de armas.
• Evitar discursos oficiales que promuevan odio o xenofobia.

Tras el dictamen, el informe se remitirá al Plenario Legislativo para el escrutinio de los legisladores. Debido a que el actual Congreso finaliza funciones el 28 de abril, la discusión de este documento quedaría para los legisladores entrantes.