La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este miércoles que 406 personas sindicadas de haber perpetrado delitos “contra el orden institucional”, así como vinculados con “el odio, la violencia y la intolerancia” han recibido la libertad, como parte de un plan de reconciliación nacional iniciado en diciembre pasado por el presidente Nicolás Maduro.
En declaraciones ofrecidas a la prensa desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la dignataria explicó que estas excarcelaciones tienen como “objetivo abrir espacios políticos“. “Fue el objetivo que estableció el presidente [Maduro] en diciembre de 2025, cuando procedieron 164 liberaciones”, abundó.
Dijo asimismo que el proceso de liberaciones –que calificó como “arduo”– continuará bajo las riendas del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien a estos fines trabaja “en permanente coordinación y articulación con los organismos de Justicia” de la nación bolivariana.
“El mensaje es muy claro: es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política e ideológica, pero debe ser con respeto hacia el otro y hacia los derechos humanos”, sostuvo.
A ese respecto, advirtió que “los mensajes de odio e intolerancia y las acciones de violencia, no serán permitidas” y “el cumplimiento de la ley será estricto”.
“Esta oportunidad es para que Venezuela y el pueblo de Venezuela pueda ver reflejado un nuevo momento donde la convivencia, la coexistencia y el reconocimiento del otro permitan construir y edificar una nueva espiritualidad“, insistió.
Decir la verdad
Rodríguez aclaró que no son candidatos a salir de prisión por vía extraordinaria quienes estén “incursos en delitos graves contra las personas como el homicidio” o tengan procesos abiertos por narcotráfico.
La mandataria encargada valoró que la ocasión era propicia para que la prensa se abocara a “decir la verdad” sobre el tema y contrarrestara así la narrativa de “algunas organizaciones no gubernamentales”, que, en su decir, le estarían cobrado a los allegados de los privados de libertad por realizar trámites ante las entidades judiciales con la promesa de obtener su excarcelación.
