La Comisión Séptima del Senado de Colombia archivó la reforma de salud impulsada por el presidente Gustavo Petro, cuyo objetivo principal es democratizar el acceso a la salud, hoy gestionado por Empresas Promotoras de Salud (EPS) pertenecientes al sector privado.

La Comisión Séptima, controlada por la oposición, convocó a una sesión para adelantar la votación en la que se negaron nueve impedimentos por conflicto de intereses introducidos por los legisladores de la coalición gobernante, Pacto Histórico, refiere RCN Radio.

De esas intervenciones destacó la del senador oficialista Wilson Arias, quien llamó a aprobar los impedimentos, al denunciar que los partidos a los que están adscritos los congresistas que hacen parte de la Comisión recibieron financiamientos de empresas ligadas al ramo sanitario como Keralty, propietaria de Sanitas, intervenida la víspera por el Ejecutivo.

Entre otros argumentos, Arias también aseguró que la constructora brasileña Odebrecht había financiado a parlamentarios y si bien «no era una EPS», se trata de una práctica ilegal que llevó a la cárcel a un excandidato. «Las EPS tienen una norma especial y la ley dice que no está permitida esa financiación», recalcó.

¿Qué opciones quedan?

Al hundirse en el Senado, la reforma de no podrá ser presentada nuevamente en el Congreso en lo que resta de período legislativo -vence en 2026–, lo que formalmente cerraría el camino para Petro, quien, no obstante, ha advertido que «el Congreso sabe cuál es la consecuencia de hundir la reforma de la salud» porque «el sistema actual no es sostenible«.

Sin embargo, el mandatario adelanto que, en el caso de que pueda concretarse una Asamblea Nacional Constituyente, el derecho a la salud, junto a los de educación, pensiones universales y acceso al agua potable, estaría contemplado como una garantía inalienable en el texto resultante.

Asimismo, a propósito de Sanitas y otras EPS intervenidas recientemente en razón de su insolvencia financiera, adelantó algunas de las medidas que guiarán la gestión del Estado en materia de salud, con independencia del destino de la reforma, que incluyen el derecho del paciente a «elegir a su médico libremente«, sin menoscabo de que la institución prestadora de salud (IPS) lo haga de manera complementaria.