La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, comentó este miércoles el acuerdo energético alcanzado con el Gobierno de EE.UU, así como los tratos suscritos con compañías nacionales e internacionales ligadas a los sectores petrolero y eléctrico.
“Es un día histórico por la conjunción de los acuerdos y lo que contienen esos acuerdos”, dijo Rodríguez, añadiendo que en “conjunto con grandes empresas internacionales” buscarían “desarrollar la industria de los hidrocarburos en Venezuela, para el beneficio del pueblo venezolano”.
“Pero también, como lo he dicho, para el beneficio de los países con quienes nosotros estamos suscribiendo”, enfatizó.
La dignataria reveló asimismo que esta jornada también se suscribieron “acuerdos de exploración”. “Entramos en una nueva etapa de exploración de nuevos campos y nuevas oportunidades para Venezuela”, a lo que sumó un acuerdo con General Electric destinado a “recuperar el tan afectado Sistema Eléctrico Nacional” y un detalle adicional sobre el pacto binacional: “tuvo dos partes, una en EE.UU y otra en Venezuela, dos momentos”.
En relación con las condiciones imperantes para poner en marcha esos planes, sostuvo que el país suramericano cuenta con “trabajadores absolutamente preparados” e industrias “listas para arrancar” las labores asociadas con la iniciativa, cuyos efectos inmediatos serían la llegada de inversiones masivas, tecnología y bienes de capital “para el desarrollo de Venezuela”.
La “visión” de Trump
De su parte, el secretario de Energía de EE.UU, Christopher Wright, celebró la asociación, a la que se refirió en términos positivos para las dos partes, al tiempo que expuso la “visión” que tiene el presidente de su país, Donald Trump, para la nación bolivariana.
“El presidente Trump tiene una visión muy clara para Venezuela: es traer la paz, la libertad, las oportunidades y la prosperidad para cada uno de los venezolanos”, manifestó el funcionario.
Con respecto al pacto binacional anunciado el pasado viernes –que calificó como “monumental”– afirmó que los firmantes fueron el Gobierno de EE.UU. y la compañía privada venezolana NABEP, propiedad del empresario Alejandro Betancourt.




