La comisión especial de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela continúa en sesión permanente para determinar las responsabilidades en delitos cometidos contra el patrimonio del país, informó el diputado José Brito.
El presidente del comité parlamentario designado para indagar sobre hechos punibles perpetrados por integrantes de la anterior legislatura, aseguró que los implicados en esas acciones tendrán una declaratoria de responsabilidad política.
Las labores de la instancia legislativa derivarán en otras acciones que serán atendidas por los organismos jurisdiccionales correspondientes, subrayó el representante de la oposición.
En declaraciones a los medios de prensa, Brito informó que la comisión especial de la Asamblea Nacional atendió a voceros de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), quienes aportaron cifras sobre el impacto de las medidas coercitivas implementadas por Estados Unidos contra el país.
“Hemos visto cifras realmente conmovedoras, ver cómo se ha afectado a cantidades de personas que sufren y padecen, ciertamente conmueve”, afirmó el legislador venezolano al denunciar los daños estimados en miles de millones de dólares, consecuencia de las sanciones promovidas por sectores de la derecha.
Como parte del ciclo de interpelaciones y las pesquisas impulsadas por el comité legislativo, Brito confirmó para la próxima semana la comparecencia de personas afectadas de forma directa por la crisis provocada desde la anterior gestión del Parlamento.
Asimismo, recibirán a los representantes de otras ONG que deseen participar en las investigaciones, y se citarán a personas señaladas como presuntos autores de hechos susceptibles de un proceso de judicialización.
Las pesquisas abarcan en particular los escándalos de corrupción relacionados con el robo de activos de la República que salpican al cabecilla opositor Juan Guaidó, reconocido en 2019 como presidente encargado por la administración estadounidense de Donald Trump.
Bajo la supuesta autoridad del pretendido gobierno paralelo, este sector político conspiró para el despojo de bienes de Venezuela en el exterior, tales como la corporación petrolera Citgo (Estados Unidos), la empresa petroquímica Monómeros (Colombia), y las reservas de oro en el Banco de Inglaterra.
