Desde que el presidente de EE.UU, Donald Trump, comenzó su segundo mandato, en enero del año pasado, más de 25.000 personas han sido deportadas a países en donde no nacieron, nunca vivieron y a veces ni siquiera hablan su idioma.
El dato implica que Washington abandona a los migrantes deportados en un estado total de desprotección, reveló la investigación Deportation Project en la que participó la revista mexicana Proceso.
Según el reporte, unas 35 naciones firmaron acuerdos con EE.UU. —algunos en total hermetismo— en los últimos 20 meses para aceptar como deportados a ciudadanos de otros países, aunque la Administración Trump no suele transparentar los motivos de las expulsiones ni el destino al que envía a las víctimas de estos traslados.
Por ello, organizaciones como Human Rights First y Refugees International crearon hace más de un año la página ‘Third Country Deportation Watch’ (‘Observatorio de Deportaciones a Terceros Países’) para recopilar información sobre lo que pasa con las personas que han sido expulsadas.
Según ese registro, México ocupa un papel protagónico en esta estrategia, ya que hasta el mes de agosto habría recibido a cerca de 20.000 personas deportadas, la mayoría originarios de países de Latinoamérica y que vivían desde hace décadas en EE.UU.
El reporte asegura que una vez que los deportados son llevados al otro lado de la frontera, las autoridades mexicanas los reciben y los alejan lo más posible del territorio estadounidense, al trasladarlos en autobuses hacia Tabasco y Chiapas, estados ubicados en el sureste del país.
